La Contralora Municipal, consideró indebida la suspensión de prestaciones a jubilados y pensionados del gobierno municipal, ya que se trata de un derecho adquirido protegido por el artículo 14 constitucional, el cual habla de la retroactividad, nunca debió haberse retirado las prestaciones. Además de que ante el ayuntamiento no se pidió un análisis técnico-jurídico para suspender las prestaciones, asi lo informó, el regidor, Carlos Ruiz, presidente de la Comisión de Contralora y Combate a la Corrupción.
Mencionó que se advirtió que la Oficialía Mayor habría incurrido en responsabilidad administrativa al retirar beneficios que debieron mantenerse vigentes.
“La suspensión que comenta ella de esta prestación nunca se debió de haber dado, obviamente nos comentó el reglamento de pensionados que tenía vigencia hasta el 2012 donde fue abrogado este reglamento y como por el efecto retroactivo todavía les amparaba a estos trabajadores bajo estas cláusulas y estos derechos y destacó específicamente el artículo 10 y 11 de este citado reglamento, donde se comenta que deben de gozar que de estas prestaciones que en su momento debieron de tener y que seguían gozando y al momento en el artículo 11 de que son ya pensionados y jubilados, se debe de respetar las mismas prestaciones, es decir, que la Oficial Mayor está incurriendo en una responsabilidad administrativa al estarle retirando estos estas prestaciones a este personal”.
El presidente de la comisión de Contraloría a la indicó que de continuar la suspensión, el municipio enfrentaría un alto riesgo de perder posibles juicios que interpongan los afectados, lo que representaría un mayor gasto en pago de abogados, además de afectar directamente a las familias que dependen de estas percepciones.
Mientras tanto, los regidores coincidieron en la necesidad de proteger los derechos adquiridos de los trabajadores y de revisar a fondo las decisiones tomadas de manera unilateral. Por lo que el próximo lunes la Oficialía Mayor deberá presentar un informe sobre las repercusiones y el impacto presupuestal en los capítulos 1000 (nómina) y 4000 (pensionados y jubilados).
“Hay muy altas posibilidades de que se pierdan por parte del municipio y que nos salga más costoso por el tema de honorarios de los abogados, de los gastos que se originen en estas juicios y que obviamente todo va a ser responsabilidad del Oficial Mayor por hacer acciones que no están autorizadas por el ayuntamiento, entonces obviamente las partes accesorias y obviamente se comentó también dentro de estos temas estas circunstancias y bueno sí es importante pues nosotros como ayuntamiento, los integrantes pues revisar este tema ya quedamos de que vamos a revisar un par de mesas, porque estamos muy preocupados de estas decisiones que está tomando de manera unilateral la Oficial Mayor en este tema y dos en el tema del ISR este que también es un problema a muchos se les está afectando mucho en su en sus sueldos que se los bajaron”.
