El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Celaya criticó la reciente declaración del alcalde sobre una supuesta amenaza ocurrida hace un año y jamás denunciada. Señalan incongruencias, falta de responsabilidad y la posible intención de victimizarse en un contexto de creciente violencia.


El presidente del Comité Directivo Municipal, Sergio Ruíz López, calificó como “desafortunadas” y “sensacionalistas” las afirmaciones del alcalde, quien aseguró haber sido víctima de un incidente de riesgo durante su campaña, pese a que no existe denuncia alguna ante la Fiscalía del Estado.


Ruíz López advirtió que el contexto actual vuelve aún más preocupante la revelación tardía del edil. “En las últimas semanas se han incrementado los delitos patrimoniales, los homicidios dolosos y las extorsiones”, señaló, recordando que incluso autoridades oficiales han confirmado afectaciones a empresas vinculadas a la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado.


El dirigente municipal criticó que el alcalde, un año después de los hechos, reviva el tema “a modo de victimización” y, al mismo tiempo, no cumpla con la obligación básica que le pide a la ciudadanía: denunciar. “Si él no denuncia, ¿con qué cara le pide al ciudadano confiar en la autoridad?”, cuestionó.
Ruíz López añadió que el comportamiento del edil resulta poco empático frente a la realidad diaria de los celayenses. “Tiene a su alcance todos los medios de protección como autoridad, y aun así actúa de forma incongruente frente a lo que viven miles de ciudadanos”, afirmó.


La regidora del PAN Isabel Herrejón, especialista en materia jurídica, reforzó el señalamiento: “Si el alcalde sabía que había sido víctima de una amenaza, tenía la obligación de iniciar una carpeta de investigación. Como candidato y como presidente municipal, contaba con escoltas y medidas de protección; no podía ser omiso”.


Herrejón recordó que, desde que iniciaron funciones el 10 de octubre, el alcalde nunca les informó sobre alguna amenaza, incluso cuando se le preguntó públicamente. “Al inicio negó haber sufrido amenazas. Es inverosímil que un año después decida hacerlo público sin haber presentado denuncia”, declaró.


La regidora precisó que, por la gravedad del caso, la fiscalía debe actuar incluso de oficio. “Aunque él no denuncie, la fiscalía tiene la obligación de abrir la carpeta de investigación. Y si ya identificó a quienes lo llevaron bajo engaños, deberá narrar cómo ocurrieron los hechos, tiempos, lugares e identificación de quienes participaron”.


Ruíz López cerró con dos cuestionamientos: cómo el círculo cercano del alcalde no detectó la supuesta amenaza, lo que considera indicio de “ingenuidad o complicidad”, y por qué el edil decide hablar del evento un año después. “Esto parece una cortina de humo del mismo estilo que Morena suele emplear: victimización en momentos de crisis”, apuntó.
El Comité Directivo Municipal y la regidora Herrejón exigieron al alcalde aclarar los motivos de su silencio, aportar pruebas ante la fiscalía y explicar si su equipo tuvo conocimiento del incidente. Aseguran que, si la máxima autoridad del municipio no actúa conforme a la ley, la confianza ciudadana y la seguridad pública quedan aún más comprometidas.