Finalmente se inició el proceso administrativo de los presuntos responsables del desfalco que se tiene en el DIF por 4 millones 700 mil pesos, esto fue aprobado durante la Comisión de Contraloría donde se analizaron 2 de los 6 puntos que forman parte de la investigación donde presuntamente se tienen responsables.
Lo anterior los dio a conocer el presidente de la Comisión de Contraloría, José Trinidad Martínez Soto.
“El punto del objetivo especifico relacionado con el presunto desvío de fondos de la cuenta titulada como Banorte y relacionado con la contratación del outsourcing se resolvió ya iniciar el proceso administrativo de sanciones, se giraron ya las indicaciones a la Contraloría y se facultó al síndico se de seguimiento y se den las acciones jurisdiccionales faltantes con la finalidad de recuperar esos faltantes ante las autoridades correspondientes, hablamos de civiles y penales”.
En esta primera resolución están involucrados los tres funcionarios públicos que ya se había mencionado, los cuales son ex director administrativo, José david Baeza López, Luz María Gómez Grajales, ex directora del DIF y la encargada de la unidad de planeación financiera.
Se acordó también con relación a los otros puntos mantener abierta la investigación para identificar algunas otras responsabilidades y algunos otros sujetos probables responsables porque nos hacen falta algunas ampliaciones de investigación, algunas otras diligencias que haya que realizar, se va a continuar trabajando para identificar otras responsabilidades y otros sujetos probables sujetos que se podrán dar a conocer una vez que ya se cuente definida la responsabilidad.
“Dentro del acuerdo fue específico que el Contralor se apegue estrictamente a los tiempos para no darle largas al procedimiento, nos vamos a marcar lo que establece la Ley de R
esponsabilidades Administrativas del Estado para que esto termine en cuestión de los tres meses prácticamente”.
Se debe otorgar el derecho a la defensa a los presuntos responsables y luego remitir a las autoridades que por competencia correspondan y así interponer las sanciones finales, de acuerdo a lo que marca el artículo 8 de la Ley de a Responsabilidades Administrativas establece que el ayuntamiento debe sancionar a la dirección general y el resto corresponde a la titular del DIF.
