Por: @OrlandoGoncal
En Portugal ha sucedido un hecho supremamente grave para la democracia. Resulta que la Fiscalía inició una investigación hace unos meses contra varios funcionarios de alto rango del gobierno portugués encabezado por Antonio Costa, quien ha sido primer ministro de Portugal durante tres legislaturas seguidas desde 2015.
A raíz del anuncio “público” que realizó la Fiscalía, el Primer Ministro Costa dimitió de manera fulminante e irrevocable, cuando el ente investigador portugués lo señaló directamente a él.Es más, ante tal acusación expresó que: “la dignidad del cargo de primer ministro no es compatible con la sospecha sobre su integridad” y adicionó que era “un límite que no estaba dispuesto a pasar”.
Su dimisión provocó una crisis sin precedentes en Portugal. Para evitar que la crisis se profundizara, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció la convocatoria de elecciones, pero no inmediatas, sino el 10 de marzo.
Ahora bien, hasta acá todo parecía apegado a derecho. Una investigación de la Fiscalía, y un primer ministro que inmediatamente y sin demoras renuncia ante la posibilidad de que se sospeche de su actuar.
Pero el detalle es que cuatro -largos- días después, el ente investigador de Portugal admitió que confundió al Ministro de Economía, António Costa Silva, con el ya ex Primer Ministro, António Costa, en una de las transcripciones de las escuchas que estaban siendo utilizadas en la investigación de la supuesta trama de corrupción en el seno del Gobierno.
Es decir, la Fiscalía no solo se equivoca, lo cual provocó la inmediata renuncia del Primer Ministro, quien había sido electo por mayoría absoluta, sino que, además, el juez al que fue llevada la causa ha considerado que las sospechas de corrupción de la Fiscalía son “vagas” y “genéricas”, y que “las medidas coercitivas propuestas por el Ministerio Público, como la privación de libertad, en relación con varios acusados, son claramentedesproporcionadas”.
Un ex alcalde de Lisboa y candidato a primer ministro socialista que en 2015 obtiene menos votos que el entonces primer ministro conservador Passos Coelho, pero que logra hacer acuerdos con varios partidos políticos de izquierda que le permitieron ser electo en la Asamblea Nacional, y que mantenía intacto su prestigio internacional al punto de ser mencionado en múltiples medios internacionales como posible candidato a presidir el Consejo Europeo, que además era uno de los principales referentes del Partido Socialista Europeo, y que había sido electo en su último gobierno desde marzo de 2022 con mayoría absoluta, cae por un “error” de la Fiscalía.
Esto debe ser un llamado de atención a las democracias del mundo, pues la judialización de la política se ha presentado en distintas partes del planeta a todos los niveles de gobierno, pero este caso -al igual que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo- son cosas mayores, que definitivamente mancillan las democracias.
En ambos casos, -Portugal y Guatemala- las respectivas Fiscalías tienen sospechas, proceden a investigar, pero al hacer públicas tales investigaciones, al señalar culpables, y además admitir que “están recolectando las pruebas” sencillamente están enterrando no solo la reserva de la investigación, sino la presunción de inocencia, principio general del derecho que busca proteger a los ciudadanos considerándolo inocente, hasta que se pruebe lo contrario.
Lo grave es que, en ambos casos, la voluntad popular manifiesta en las urnas, esta siendo no solo irrespetada sino pisoteada y vulnerada de tal manera que las consecuencias pueden ser complejas y dañinas para los ciudadanos.
En el caso del primer ministro Costa, la Fiscalía no solo hizo caer a un gobierno que, reitero, fue electo por mayoría absoluta, sino que además le ha hecho un daño prácticamente irreparable a su imagen y honra, como figura pública y como ciudadano. Pese a lo sucedido, la Fiscalía no ha realizado un acto de desagravio al Primer Ministro, aunque cualquier disculpa no subsanará el daño causado.
En el caso del presidente electo Bernardo Alvares, la Fiscalía de Guatemala está, no solo torpedeando lo que debería ser una transición pacífica, ordena y democrática, sino que también está socavando la legitimidad del próximo gobierno de ese país.
Cuando se observan estas situaciones pareciera ser que, en este cambio de Era, las democracias involucionan, en vez de avanzar, de aumentar los derechos de los ciudadanos, creando sociedades más justas e igualitarias.
Los ciudadanos deben entender que las democracias con todos los defectos que puedan tener, -y que tienen- además de ser el mejor sistema de gobierno, es perfectible, por lo que deben ser más activos en su participación y defensa.
