Guanajuato, Gto. – La Comisión de Asuntos Electorales radicó y aprobó las metodologías de análisis de cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
La primera, busca promover capacitaciones con perspectiva de juventud, bajo principios de inclusión social y de igualdad de oportunidades, procurando en todo momento la participación y bienestar de las y los jóvenes guanajuatenses; la segunda, establecer medidas para prevenir la violencia política en razón de género; la tercera, incrementar la certeza jurídica y la confianza ciudadana al realizar diversas modificaciones al marco normativo electoral; y la última, evitar la burocracia administrativa en las denuncias presentadas por violencia política en razón de género, eliminando del proceso algunas acciones realizadas por la Unidad Técnica y pasándolas directamente al Tribunal Electoral del Estado.
La relativa a promover capacitaciones con perspectiva de juventud se remitirá a los órganos de promoción de la juventud de los partidos políticos y al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato. Además, se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas y a la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas un estudio de lo planteado en la propuesta.
La correspondiente a violencia política en razón de género se enviará al Observatorio de participación política de las mujeres en el estado de Guanajuato al Tribunal Estatal Electoral y al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses; y se pedirá al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio de lo planteado, así como la opinión de la viabilidad.
La referente a evitar la burocracia administrativa en las denuncias presentadas por violencia política se mandará al Tribunal Estatal Electoral y se solicitará al Instituto de Investigaciones Legislativas un estudio de lo propuesto y opinión de viabilidad.
Las tres se remitirán a los partidos políticos, a la Coordinación General Jurídica y al Instituto Electoral del Estado, todos los entes consultados contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios, y se sostendrán reuniones de trabajo.
La tocante a diversas modificaciones en la materia se mandaría al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Estatal Electoral, a la Coordinación General Jurídica y a los partidos políticos; y se realizaría una mesa de trabajo el 22 de mayo. El diputado Cuauhtémoc Becerra González solicitó se contemplara el impacto administrativo y presupuestario a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, lo cual fue aprobado.
La diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que eran 15 días de consulta y cuestionó como se iban a atender los plazos establecidos en la ley, ya que las opiniones rebasaban lo propuesto. Al respecto, el congresista Gustavo Adolfo Alfaro Reyes apuntó que se homologarían los tiempos con lo federal, se estaría cumpliendo y se integrarían para el proceso de la reforma.
Rocha Aguilar comentó que se aprobaría en cuestión de días y vía rápida, que, si bien los tiempos apremiaban, esperaba que se diera todo apegado a derecho, con la participación de los ejecutores de la norma y todas las fuerzas políticas, así como integrar el resto de las iniciativas, en una reforma de gran calado como la que se pretende hacer, porque sería poco ortodoxo darles tratamiento distinto, dijo.
Como parte del orden del día se avalaron las metodologías de análisis de otras once propuestas legales que plantean reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado en materia de asignación de diputaciones e integrantes de los ayuntamientos para migrantes; ampliar la posibilidad de postulación simultánea, de los cargos a la presidencia municipal y de síndico o síndica, para que a su vez puedan integrar la lista de postulación a regidores; dotar a la autoridad administrativa electoral de facultades expresas para aplicar las medidas cautelares en los procedimientos de sanción ordinario o especial bajo ciertas condicionantes y sobre todo, evitar la violación de derechos humanos y funciones de interés público en materia electoral; incrementar el presupuesto que los partidos destinan a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
De igual manera, proteger el derecho a la intimidad de los menores; establecer el registro en línea de candidaturas, a fin de agilizar, economizar y hacer funcional el registro de las candidaturas; reducir un setenta y cinco por ciento el monto de financiamiento a los partidos políticos, para destinar esos recursos a hospitales y material médico; cambiar la denominación de Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por Juicio Ciudadano; que las expresiones que denigren a los partidos políticos e Instituciones Públicas y Privadas que realicen los precandidatos, candidatos, candidatos independientes y partidos políticos en la propaganda político electoral, dejen de ser consideradas en la ley local como infracciones electorales; incluir la reparación integral de derechos y la nulidad del acto ilícito, a fin de dar mayores garantías a la protección de derechos políticos y electorales; y reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales.
En el apartado de asuntos generales, la congresista Yulma Rocha Aguilar externó que la iniciativa tres de tres que había ya sido presentada desde enero no se le había asignado metodología, por lo que manifestó su sorpresa de que se les dé trato diferenciado a unas de otras. Además, pidió que ya se pudiera discutir, en atención a la Minuta Proyecto de Decreto aprobada hoy por el Pleno.
En la sesión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, María de la Luz Hernández Martínez y Lilia Margarita Rionda Salas; así como los diputados Gustavo Adolfo Alfaro Reyes (presidente) y Cuauhtémoc Becerra González. Además, asistió la congresista Yulma Rocha Aguilar.
