Author
Montserrat Vázquez Acevedo manifestó que Contraloría Municipal ya tenía conocimiento desde Febrero del 2014 de las anomalías que se presentaban en el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por tal motivo hizo un posicionamiento durante la Comisión de Contraloría la necesidad de que los demás miembros de la Comisión analizarán el expediente para conocer si existen más responsables.
Luego de que Contraloría haya encontrado elementos que no fueron justificados se hizo de conocimiento a la presidenta del DIF es decir Gabriela Orozco Gallego, a la Comisión de Contraloría presidida por el regidor del partido VERDE, Francisco Eduardo Briseño Dominguez y posterior por Francisco Javier Aguayo Magaña además del Secretario de Ayuntamiento, David Orozco Pérez, sin embargo ningún funcionario hizo nada.
“El viernes acudí a Contraloría para revisar el expediente encontramos de manera muy detallada cuales eran las inconsistencias y todos aquellos datos que quedó sin solventarse de parte de la dirección del DIF como de la dirección administrativa y Financiera, desde el 2014 se inicia el expediente de Contraloría revisando esas cuentas y encuentran una serie de elementos que no tenían solvencia, que no tenían sustento con respecto del destino de esos dineros”.
La regidora priista señaló que la ley obliga estar sumamente observadores y realizar los señalamientos correspondientes además de solicitar la rendición de cuentas a los funcionarios y servidores públicos para evitar el desvío de recursos.
“Debemos hacerle llegar al órgano superior de Fiscalización estos elementos para que ellos tomen las acciones correspondientes, sino están dentro de nuestras atribuciones si esta el de hacer de conocimiento a las autoridades competentes para que ellos realicen las indagatorias respectivas”.
Cabe destacar que la regidora solicitó el expediente desde hace una semana el cual le facilitó el presidente de la Comisión de Contraloría, José Trinidad Martínez Soto para posteriormente recibir el expediente completo.
Finalmente se inició el proceso administrativo de los presuntos responsables del desfalco que se tiene en el DIF por 4 millones 700 mil pesos, esto fue aprobado durante la Comisión de Contraloría donde se analizaron 2 de los 6 puntos que forman parte de la investigación donde presuntamente se tienen responsables.
Lo anterior los dio a conocer el presidente de la Comisión de Contraloría, José Trinidad Martínez Soto.
“El punto del objetivo especifico relacionado con el presunto desvío de fondos de la cuenta titulada como Banorte y relacionado con la contratación del outsourcing se resolvió ya iniciar el proceso administrativo de sanciones, se giraron ya las indicaciones a la Contraloría y se facultó al síndico se de seguimiento y se den las acciones jurisdiccionales faltantes con la finalidad de recuperar esos faltantes ante las autoridades correspondientes, hablamos de civiles y penales”.
En esta primera resolución están involucrados los tres funcionarios públicos que ya se había mencionado, los cuales son ex director administrativo, José david Baeza López, Luz María Gómez Grajales, ex directora del DIF y la encargada de la unidad de planeación financiera.
Se acordó también con relación a los otros puntos mantener abierta la investigación para identificar algunas otras responsabilidades y algunos otros sujetos probables responsables porque nos hacen falta algunas ampliaciones de investigación, algunas otras diligencias que haya que realizar, se va a continuar trabajando para identificar otras responsabilidades y otros sujetos probables sujetos que se podrán dar a conocer una vez que ya se cuente definida la responsabilidad.
“Dentro del acuerdo fue específico que el Contralor se apegue estrictamente a los tiempos para no darle largas al procedimiento, nos vamos a marcar lo que establece la Ley de R
esponsabilidades Administrativas del Estado para que esto termine en cuestión de los tres meses prácticamente”.
Se debe otorgar el derecho a la defensa a los presuntos responsables y luego remitir a las autoridades que por competencia correspondan y así interponer las sanciones finales, de acuerdo a lo que marca el artículo 8 de la Ley de a Responsabilidades Administrativas establece que el ayuntamiento debe sancionar a la dirección general y el resto corresponde a la titular del DIF.