Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que buscaban establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.
Como autora del dictamen, hizo uso de la voz la diputada Noemí Márquez Márquez, quien señaló que la actual discusión es abstracta y que no representa un debate ideológico, sino una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad como sociedad, personas legisladoras y ciudadanía comprometida con el bien común, tal como es el defender la vida como el derecho más fundamental de las personas.
Agregó que la vida humana comienza con la concepción, argumentando que la ciencia, a través de la embriología, la genética y la biología molecular, muestra que desde el instante en que se unen las células de la madre y el padre surge una nueva vida con información única y que esa célula tiene todo lo necesario para desarrollarse de manera autónoma y continua, hasta convertirse en un ser humano pleno.
Finalmente, manifestó que el aborto no es un acto sin consecuencias, toda vez que estudios médicos muestran que las mujeres que abortan pueden enfrentar riesgos físicos y emocionales, por lo que es fundamental que como sociedad y autoridades fortalezcan las políticas de prevención, atención y acompañamiento, garantizando el derecho a la salud y la vida tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos por nacer.
También como autor del dictamen, el congresista Antonio Chaurand Sorzano manifestó que como sociedad tienen la responsabilidad de encontrar una postura que responda con los pies en la tierra a la realidad, y que tanto el gobierno como la sociedad deberían ofrecer a la persona gestante información, orientación y apoyo; posibilidades de una gestación saludable y vigilada; un nacimiento correctamente atendido; y revisar y actualizar los sistemas de adopción que faciliten el procedimiento a los miles de niños que lo necesitan.
Resaltó que, defender la vida iba más allá de un discurso moral o ideológico, implicaba garantizar condiciones reales de dignidad, libertad y salud para todas las personas, especialmente las mujeres.
Apuntó que, despenalizar el aborto no aumenta la incidencia de este, solo hace que las cifras sean reales, y que estar a favor del derecho a decidir no significa estar en contra de la vida, por el contrario, significaba estar a favor de que las mujeres vivan con dignidad, con libertad y con pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Afirmó que no se trataba de promover el aborto, sino que, en el caso de un embarazo no deseado se pueda tomar una decisión informada, libre, acompañada y segura; de construir un estado donde la maternidad no sea una condena impuesta o un castigo, sino una elección libre, donde la vida se defienda en todos sus matices.
Concluyó al remarcar que, estar a favor de la vida también es estar a favor de que ninguna mujer muera por abortar en clandestinidad, de que ninguna niña sea obligada a ser madre y de que todas tengan acceso a servicios de salud dignos sin ser juzgadas ni perseguidas.
Al hablar en contra del dictamen, la legisladora María Eugenia García Oliveros precisó que el dictamen no estaba basado en creencias o ideologías, sino se formula desde argumentos médicos, científicos y bioéticos, donde está en juego la salud física y mental, así como los derechos humanos de las mujeres en Guanajuato.
Agregó que lo que está en juego es una problemática de salud pública, pues el decidir interrumpir un embarazo es un acto ligado al principio de autonomía y privar de esa garantía es quitarle a una mujer consciente el derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y su futuro y otorgarle garantías a un organismo sin conciencia.
Finalmente, afirmó que desde la ciencia se señala que a pesar de que el sistema nervioso comienza a desarrollarse desde la tercera semana de gestación, no significa que funcione en ese momento, que de acuerdo con especialistas es hasta la semana 24 de gestación cuando las estructuras necesarias para percibir el dolor completan sus conexiones, por lo que antes de eso no hay conciencia ni sufrimiento.
Al pronunciarse a favor del dictamen, la congresista Angélica Casillas Martínez apuntó que los esfuerzos del Estado deben orientarse a garantizar el derecho a la salud, asegurando atención integral para la salud materna e infantil, área que es una prioridad que requiere servicios médicos adecuados y oportunos durante el embarazo, parto, posparto y puerperio, con el fin de promover el bienestar de madres y el recién nacido.
Enfatizó que, la salud materna está influenciada por múltiples factores, por lo que atribuir los problemas de salud pública exclusivamente a la legislación sobre la interrupción del embarazo simplifica una realidad compleja. Casillas Martínez resaltó que, proteger la vida implica también cuidar la integridad física de la mujer, lo que exige rechazar la interrupción del embarazo como política pública de salud, solo así se garantizará, dijo, un respeto por la vida y la salud.
Añadió que, las mujeres necesitan y merecen más seguridad, oportunidades, respeto, justicia y desarrollo, y que por cada uno de esos derechos están dando la batalla. Agregó que, hablar de los derechos de las mujeres implica abordar temas fundamentales, la protección contra la discriminación por embarazo, la igualdad salarial, el acceso a la educación, la prevención del acoso sexual, las licencias de maternidad y la protección contra todas las formas de violencia.
Finalmente, remarcó que no pueden permitir que se diluya el valor de la vida humana ni que se justifiquen prácticas que atentan contra ella.
La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco hizo uso de la tribuna para hablar en contra del dictamen. Comentó que, Guanajuato es el único estado en el que no se proporciona el servicio de interrupción del embarazo y que se sigue criminalizando a las mujeres en lugar de regular un problema de salud, siendo necesario que se tengan atribuciones necesarias a la Secretaría de Salud para planear y dirigir servicios que garanticen el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
La congresista agregó que la propuesta contempla la generación de bases estadísticas para obtener información que permita realizar diagnósticos sobre quien accede a estos servicios y en qué condiciones para generar políticas públicas que vean a favor de la vida de las mujeres.
También expresó que en la actualidad los abortos son procedimientos totalmente seguros, donde la Organización Mundial de la Salud ha sido clara en que negar el acceso a un aborto seguro, oportuno y respetuosos es un problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.
Finalmente, señaló que negar la prestación del servicio legal del embarazo condena a las mujeres a que aborten en condiciones de precariedad poniendo en riesgo su salud y sus vidas, donde las restricciones legales no reducen la cantidad de abortos sino a que orillan a que las mujeres a situaciones que atentan contra su dignidad física y emocional.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos, por lo que se ordenó su archivo definitivo.
