El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Celaya criticó la reciente declaración del alcalde sobre una supuesta amenaza ocurrida hace un año y jamás denunciada. Señalan incongruencias, falta de responsabilidad y la posible intención de victimizarse en un contexto de creciente violencia.

El presidente del Comité Directivo Municipal, Sergio Ruíz López, calificó como “desafortunadas” y “sensacionalistas” las afirmaciones del alcalde, quien aseguró haber sido víctima de un incidente de riesgo durante su campaña, pese a que no existe denuncia alguna ante la Fiscalía del Estado.

Ruíz López advirtió que el contexto actual vuelve aún más preocupante la revelación tardía del edil. “En las últimas semanas se han incrementado los delitos patrimoniales, los homicidios dolosos y las extorsiones”, señaló, recordando que incluso autoridades oficiales han confirmado afectaciones a empresas vinculadas a la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado.

El dirigente municipal criticó que el alcalde, un año después de los hechos, reviva el tema “a modo de victimización” y, al mismo tiempo, no cumpla con la obligación básica que le pide a la ciudadanía: denunciar. “Si él no denuncia, ¿con qué cara le pide al ciudadano confiar en la autoridad?”, cuestionó.
Ruíz López añadió que el comportamiento del edil resulta poco empático frente a la realidad diaria de los celayenses. “Tiene a su alcance todos los medios de protección como autoridad, y aun así actúa de forma incongruente frente a lo que viven miles de ciudadanos”, afirmó.

La regidora del PAN Isabel Herrejón, especialista en materia jurídica, reforzó el señalamiento: “Si el alcalde sabía que había sido víctima de una amenaza, tenía la obligación de iniciar una carpeta de investigación. Como candidato y como presidente municipal, contaba con escoltas y medidas de protección; no podía ser omiso”.

Herrejón recordó que, desde que iniciaron funciones el 10 de octubre, el alcalde nunca les informó sobre alguna amenaza, incluso cuando se le preguntó públicamente. “Al inicio negó haber sufrido amenazas. Es inverosímil que un año después decida hacerlo público sin haber presentado denuncia”, declaró.

La regidora precisó que, por la gravedad del caso, la fiscalía debe actuar incluso de oficio. “Aunque él no denuncie, la fiscalía tiene la obligación de abrir la carpeta de investigación. Y si ya identificó a quienes lo llevaron bajo engaños, deberá narrar cómo ocurrieron los hechos, tiempos, lugares e identificación de quienes participaron”.

Ruíz López cerró con dos cuestionamientos: cómo el círculo cercano del alcalde no detectó la supuesta amenaza, lo que considera indicio de “ingenuidad o complicidad”, y por qué el edil decide hablar del evento un año después. “Esto parece una cortina de humo del mismo estilo que Morena suele emplear: victimización en momentos de crisis”, apuntó.
El Comité Directivo Municipal y la regidora Herrejón exigieron al alcalde aclarar los motivos de su silencio, aportar pruebas ante la fiscalía y explicar si su equipo tuvo conocimiento del incidente. Aseguran que, si la máxima autoridad del municipio no actúa conforme a la ley, la confianza ciudadana y la seguridad pública quedan aún más comprometidas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó la donación del terreno para la construcción de un nuevo Hospital General General de Celaya, un avance que el municipio esperaba desde hace varios años. El predio tiene 5.3 hectáreas, está ubicado en Camino a San José de Guanajuato y tuvo un costo de 36 millones de pesos para el gobierno municipal.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, celebró la decisión del Consejo Técnico del IMSS y aseguró que este era el paso más complicado del proyecto. “Lo más difícil era la aprobación; conseguir los recursos será más fácil”, afirmó.

El alcalde explicó que el trámite se atoró por años debido a observaciones, trámites repetidos y hasta el extravío del expediente dentro del IMSS. “Nuestro documento era como la muñeca fea, perdido en un rincón. Tuvimos que empezar de cero”, recordó.

Con la aprobación del terreno, el municipio inicia ahora la gestión para obtener el financiamiento necesario, estimado en 4 mil millones de pesos, y confía en que pueda asignarse durante esta administración. “Ya estamos en la etapa donde todo avanza más rápido. Vamos por los recursos para que Celaya tenga el hospital que necesita”, afirmó Ramírez Sánchez.

El nuevo hospital sería clave para atender el crecimiento de la ciudad y la saturación actual de los servicios del IMSS, que desde hace años requieren una ampliación.

La Asociación Cabalgadores del Bajío denunció un presunto conflicto de interés dentro de la Dirección de Desarrollo Social de Celaya, acusando que el coordinador de Desarrollo Rural, Fernando Cuarenta Pantoja, habría beneficiado a su tío con un remolque para transportar caballos, apoyo que previamente había sido negado a miembros de la agrupación.

Al respecto, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ordenó una revisión exhaustiva al afirmar: “Si se cumplió con los parámetros, no va a haber problema; si no se cumplieron, sí va a haber problemas”.

Ramírez Sánchez explicó que los apoyos se asignan mediante información recabada en campo por los promotores y procesada en un sistema que determina la elegibilidad de los beneficiarios. Aun así, reconoció la complejidad del caso: “Se presta para malas interpretaciones… pero si se hizo todo bien, no va a haber problema”, aseguró.

El alcalde destacó el arraigo comunitario del funcionario acusado: “El abuelito de él era uno de los principales líderes de San Juan de la Vega… es una persona con mucho arraigo en el medio rural”. Sin embargo, subrayó que eso no puede influir en decisiones institucionales.

Además, adelantó que pidió revisar otras posibles anomalías: “Me dijeron que también tiene como cuatro irregularidades más. Le pedí a Valentín que las viera y qué me comente”, indicó.

Ramírez Sánchez insistió en que actuará con cautela debido a la estructura social de las comunidades rurales: “No quiero cometer una injusticia de despedir a alguien porque ahí todo el mundo es familiar… en una comunidad la mitad son familia”, explicó.

Aseguró que, si se determina que hubo violaciones a los criterios del programa, se aplicarán las sanciones correspondientes.

Por su parte, la Asociación Cabalgadores del Bajío exige que el municipio transparente completamente el proceso y esclarezca por qué el remolque fue otorgado a un familiar del funcionario mientras a ellos se les negó. El gobierno local prevé contar con un informe preliminar esta misma semana.

Las obras de pavimentación en la colonia Latinoamericana y los trabajos hidráulicos en la colonia Jardines quedaron suspendidos después de que maquinaria de las empresas contratistas fuera incendiada en un atentado. El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que ambos proyectos permanecen detenidos por motivos de seguridad y por la falta de equipo básico para continuar.

El presidente municipal explicó que las compañías responsables entraron en pausa debido a que la maquinaria dañada era indispensable para el avance de las obras. “Están en una especie de pausa porque no tienen la maquinaria, porque la quemaron”, señaló. Además, indicó que las empresas de la región mantienen un acuerdo interno por el cual no se están prestando ni rentando equipo. “Un rodillo vale 250 mil pesos mensuales alquilado, y no se lo van a prestar”, afirmó.

En la colonia Latinoamericana, la suspensión afecta directamente a familias que esperaban la conclusión de la pavimentación de sus calles. En la colonia Jardines, los trabajos de la JUMAPA quedaron detenidos con zanjas abiertas y estructuras expuestas, situación que también ha generado molestias entre los vecinos. Ante esta problemática, el alcalde pidió paciencia y aseguró que se actuará con rapidez. “Vamos a hacerlo rápido, no van a ser por meses”, declaró.

Para evitar perder los recursos estatales destinados a ambas obras, el gobierno municipal solicitó una ampliación de plazo al Gobierno del Estado. “Ya pedimos una prórroga y ya nos la aprobaron”, confirmó Ramírez Sánchez.

El mandatario señaló que, si las empresas no logran reactivar sus operaciones, el municipio podría intervenir con maquinaria y personal propio, como ya se ha hecho en otros casos. “Con los equipos que tenemos de obra los juntamos y lo terminaríamos, aunque implique poner dinero que ellos ya no pueden poner”, explicó. También mencionó que, cuando las empresas no pueden concluir, se busca un esquema de pagos proporcionales para no dejarlas en quiebra. “No debería ser así, pero como ellos tienen problemas, nosotros los apoyamos”, expuso.

Finalmente, el alcalde aseguró que la obra pública de cierre de año no está en riesgo y que las áreas operativas trabajarán durante diciembre para completar los proyectos. “Vamos a hacer hasta lo imposible por terminarla”, concluyó.